31/1/10

Antonio García Trevijano y su idea de la ruptura (I)

En primer lugar, querría que fuera por delante mi respeto y hasta cierto punto mi admiración por esta figura política e intelectual española. Es indudable que ha conectado con una capa de la sociedad y con una intelectualidad que, alternativamente, se consideraba republicana y crítica con el orden social y político establecido.

Para decir lo que diré a continuación me voy a basar en una entrevista que le hicieron en el programa de Radio Intercontinental "La quinta columna" y que está subida a YouTube.

Para G.ª Trevijano, nuestra constitución no es democrática. Este podría ser su argumento fundamental. Y esta conclusión la deriva de una sencilla premisa, no es democrática porque no hay separación de poderes "real". Es decir, no hay una separación de poderes "en el origen". Para Trevijano, básicamente, lo que se produjo fue una continuación de la dictadura franquista, a través de una reforma política.

En este argumentación habría dos consideraciones. Por un lado, teóricamente, nuestro sistema político no es democrático porque no se basa en un pacto "real" de todos sus integrantes enmarcado en una Constitución Política. Por otro lado, en la práctica, nuestro sistema simplemente garantiza la continuidad del régimen social y político heredado del franquismo.

Para rebatir estas dos posturas, habría que referirse a lo que entiende por una "verdadera" Constitución Política, y también, muy importante, a lo que se entiende por herencia constitucional española y continuidad de la legalidad de nuestro Estado y legitimidad de sus constitución frente al cuerpo político de la nación española.

De esa forma, efectivamente, en la fundación de nuestra Constitución no nos encontramos exactamente con la elección de una Asamblea Constituyente, la encargada de redactar una Constitución, y la celebración de un referéndum para aprobarla o no. Lo que nos encontramos, más bien, es con la continuidad política del régimen de Franco que aprovecha sus propios recursos legales e institucionales para preparar su reforma y posterior defunción, renaciendo sus instituciones, y el cuerpo político legado, la nación española, en un nuevo edificio jurídico, que atribuye nuevas funciones a las instituciones heredadas y nuevos derechos al cuerpo político, el nuevo edificio jurídicio es la Constitución, y a esa operación se la llamó acertadamente por alguno "ruptura pactada".

Esta es la jugada, ¿sería legal desde un punto de vista democrático?, ¿y legítima desde el punto de vista de la nación española? Porque ambas preguntas son complementarias y hay que responder a ambas. La nación o nacionalidad española no emerge en el vacío, ni de un día para otro. Estaba ahí ya, siendo depositaria de derechos, atribuyendo funciones a sus instituciones sociales y políticas, si bien con otros mecanismos legales, anticuados o no, con los suyos, heredados, me refiero al Fuero de los Españoles (entre otras leyes del régimen en regencia de Franco), claro, y a las formas de Constitución anteriores, históricas, aunque no legales, heredadas como precedentes jurídicos aunque sin fuerza de ley. Siendo el régimen de Franco la constitucionalidad más inmediata, habría que preguntarse si esa legalidad era suficiente para los españoles para iniciar la transición a una nueva forma de Estado y gobierno. Y parece ser que sí, porque acudieron mayoritariamente tanto a apoyar la Reforma Política (1976) como las primeras elecciones pluripartidistas.

Entonces, una vez que se ha conseguido iniciar la transición de Estado, desde un régimen moribundo, sólo faltaría que las nuevas Cortes "democráticas" dieran por terminada la transición y comenzasen la edificación del nuevo régimen político. Eso es lo que se disponen a hacer las nuevas Cortes pluralistas y multipartidistas (1977), y el resultado se pone a consideración de todo el cuerpo político, la Nación española, en referéndum en 1978.

No es, evidentemente, una transición de manual. No hay la autoliquidación de unas Cortes, para luego elegir otras que tienen la única misión de redactar una Constitución. Pero es una transición posible y probable dentro del marco social y político de la época y teniendo en cuenta la historia jurídica y política. De la misma forma que las transiciones a la democracia de los países post-comunistas tampoco han sido de manual. Se improvisó en su momento, se reinventaron las formas y, posiblemente, eso también afectó a la naturaleza de los regímenes democráticos, más modernos y también más adaptados a las situaciones nacionales de cada país. Por cierto, la transición a la democracia de nuestro país se engloba en los movimientos a la transición democrática de otros países similares como Portugal o Grecia dados en los años 70, paradójicamente, cuando hay países que están abandonando esa senda, como es el caso de los países del cono sur americano. No digo que esa transición vaya a ser modélica, ninguna democracia emergente posiblemente lo sea. Todas nacen con lastres y resistencias que con el tiempo se irán solucionando y arreglando. A eso le dedicaré una segunda parte de este artículo...

Y qué hay de la división de poderes. ¿Hay o no hay una verdadera constitución democrática en nuestro país? Pues partiendo del hecho de que es el pueblo el que tanto nominal como efectivamente hace uso de su soberanía, no únicamente mediante el voto en elección multipartidista sino también mediante el asociacionismo, el derecho de replica y de rectificación en los medios, la I.L.P., la negociación colectiva en las empresas y la asistencia letrada a los detenidos -y no olvidemos que el voto, y la capadidad de que el votante pueda a su vez ser elegido, es un paso decisivo en la constitución de una democracia-; además, el desarrollo del jurado popular, de una opinión pública libre y plural, y la gestación de los propios partidos políticos, que movilizan a la voluntad popular tanto como la representan, y la adhesión de España a todos los convenios internacionales de derechos humanos recogidos a su vez en nuestras leyes y, en primer lugar, en nuestra Constitución, hacen que sí, debamos hablar de la Constitución española como una constitución democrática que fundamenta e interpreta la soberanía del pueblo de forma tajante y clara.

No en vano, se habla de Estado de partidos. Qué es el Estado de partidos. Y yo añadiría, qué es nuestro sistema de comunidades autónomas. Y un parlamento bicameral. Y una monarquía parlamentaria. Los partidos representan y mediatizan la soberanía popular y, hasta cierto punto, son indispensables e inevitables. Pero el concepto de Estado de partidos no termina de gustar a todo el mundo, en primer lugar a G.ª Trevijano, aunque tampoco acaben de dar con una alternativa. Según Trevijano hay confusión en las funciones de los poderes del Estado y no hay auténtica separación. No hay auténtica separación, según él, porque los poderes, una vez que emanan del titular legal de esos poderes, que es el pueblo, se interrelacionan en su articulado, a veces se confunden, se contaminan. Ese puede ser un déficit de nuesto sistema, tanto en su concepción como en su desarrollo, pero no lo deslegitima para seguir llamándose democracia, ni para que, democráticamente, pueda intentar corregir esos fallos y reformarse a sí mismo en su propio funcionamiento.

Y qué decir del sistema de comunidades autónomas. Una velada defensa del federalismo de los territorios que, sin embargo, preserva la unidad del estado y concilia derechos históricos (los fueros y los concejos mediovales) con derechos actuales (los estatutos de autonomía con sus respectivos Parlamentos). Y la monarquía-parlamentaria. Un parlamento bicameral, que tiene que profundizar en la representación territorial en el Senado, a la vez que concede al Rey un carácter puramente simbólico en la defensa de la unidad y de la integridad de España, al frente de los ejércitos, y cuya irresponsabilidad política le concede la doble virtualidad de no entremeterse en los asuntos del Estado a la vez que preserva su figura política de las disputas partidistas diarias.

Como se ve, tanto la Constitución moderna, como nuestro sistema político, es un producto de filigranas que obedecen tanto a nuestra coyuntura política como a nuestra tradición histórica.

Post-scriptum: Lo que Trevijano hace (como otros republicanos "políticos") es "idolotrar" las democracias antiguas -en realidad sólo una, la ateniense-, la idealiza y hace planteamientos maniqueos que sólo benefician a unos pocos, a los demagogos de hoy y a los líderes de facciones políticas.



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Citius, Altius, Fortius